MANUEL FELIPE SIERRA
En diversos sectores cobra fuerza nuevamente la idea de convocar a una asamblea constituyente, incluso algunas encuestas registran una opinión favorable al respecto. Este es un tema que siempre ha estado presente en Venezuela, salvo durante los 40 años de vida democrática. Henry Ramos Allup recordaba recientemente que “en 202 años hemos tenido 26 constituciones y 92 actos constituyentes”.
En las recientes primarias para escoger al candidato opositor, Diego Arria resucitó la propuesta; y quienes abogan por un proceso de transición que facilite la reconciliación y el restablecimiento de las instituciones democráticas la consideran como un paso inevitable. Pero al parecer, aunque acertada, la propuesta parecía extemporánea para muchos.
Ahora las cosas han cambiado sensiblemente con la desaparición de Hugo Chávez. Nicolás Maduro conduce de alguna manera una etapa transicional en el ámbito del chavismo, pero que necesariamente deberá tomar en cuenta al resto del país para la estabilización de su gobierno. El sector opositor que considera ilegítimo al Presidente de la República también requiere de un clima que facilite el libre juego político.
¿Puede prolongarse en el tiempo un cuadro contrario al diálogo y que mantenga posiciones rígidas e incompatibles? ¿El agravamiento de los problemas nacionales no exige acaso una modificación de un ambiente de confusión y apatía con tendencia a la resignación de las grandes mayorías nacionales?
Si bien es cierto que los procesos constituyentes sirvieron en el siglo XIX como un mecanismo legitimador de golpes de Estado y reiteradas violaciones de las constituciones, también lo es que la Constituyente convocada en 1946 implicó el salto del país al sistema democrático y a la modernidad. Y que la facultad constitucional atribuida al Congreso Nacional en 1958 sirvió para derogar el texto regresivo aprobado por el perezjimenismo en 1953 y como base de cuatro décadas de democracia.
Los movimientos golpistas de 1992 que confirmaron el agotamiento del modelo bipartidista plantearon de nuevo la necesidad de una consulta de esta naturaleza, e incluso el propio presidente Carlos Andrés Pérez se inclinó por ella como una manera de superar la ingobernabilidad. En 1998 Hugo Chávez la asumió como su principal bandera y, como consecuencia de su victoria, se convocó a la Constituyente de 1999 que redactó un texto que introdujo cambios importantes pero que no se ajustó a los propósitos autocráticos del mandatario. De allí que, por la vía de las leyes habilitantes y la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, se haya construido un andamiaje legal que en la práctica niega algunos contenidos de la Constitución vigente. ¿No es hora de apelar al voto popular para que mediante el acto constituyente se consagren los cambios que demanda el futuro democrático del país?
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