En la misiva, más de doce firmantes describen las razones por las que el país debería someterse a tan profunda reforma. Critican la falta de autonomía de los poderes públicos y ponen en duda la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral.
A continuación un extracto del texto remitido a esta redacción:
La Mesa de la Unidad Democrática, venciendo múltiples contingencias ocurridas en estos difíciles tiempos, ha logrado desarrollar una política unitaria positiva y necesaria, y ha sido pieza fundamental en los indiscutibles avances de la oposición venezolana. Ante este organismo acudimos a plantear nuestra posición como ciudadanos decididos a impedir el naufragio de la República.
Quienes suscribimos el presente documento nos proponemos Invocar el mecanismo establecido en el artículo 347 de la Constitución, que permite por iniciativa popular convocar a una Asamblea Constituyente legitimadora de los Poderes Públicos.
Planteamos la urgencia de restablecer el orden Jurídico y la democracia y estimamos que para este propósito es necesario acudir a la fuente primaria de la soberanía popular. Es esta a nuestro juicio, la única vía posible para detener la consolidación de un sistema que pretende conculcardefinitivamente las libertades ciudadanas, destruir el orden económico libre, solidario y productivo, y marcar con el signo de una dictadura totalitaria el destino nacional.
El país asiste a un grave deterioro en todos sus órdenes. Es tan severo este flagelo, que ha logrado trastocar profundamente a la convivencia ciudadana, y a las relaciones entre sus estratos socio-económicos. La desconfianza, el rencor, el odio y la lucha de clases son los resultados de un plan cuyo objetivo es destruir los históricos valores de nuestra integridad nacional. Este hecho impone a la dirigencia democrática definiciones impostergables, luego que en los comicios de abril quedó claramente establecido el acelerado deterioro del llamado proyecto socialista del Siglo XXI.
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